Un Chile con más democracia

¿Qué destacamos de este pilar?

Todas las personas gozamos de los mismos derechos, los cuales son universales, indivisibles e interdependientes. La propuesta de nueva Constitución, considerando estándares internacionales de derechos humanos, ha consagrado derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esenciales para asegurar y garantizar las condiciones para vivir con dignidad. Asimismo, ha establecido un amplio catálogo de derechos civiles y políticos.

Normas destacadas

Toda persona tiene derecho a la vida. Nadie podrá ser condenado a muerte ni ejecutado.

Se garantiza el derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Nadie podrá ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. 

Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.

El Estado garantizará el derecho a la memoria desde un enfoque que considere su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

El Estado tendrá el deber de prevenir, perseguir y sancionar la violencia y los delitos, así como generar políticas de fortalecimiento comunitario. Los organismos que se encarguen de resguardar este derecho deberán actuar de forma coordinada y respetando los derechos humanos.

Toda persona tendrá derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. En cuanto a la salud mental, el Estado deberá generar políticas y programas, aumentando progresivamente su financiamiento.

La atención primaria constituirá la base del Sistema Nacional de Salud, el cual será financiado a través de las rentas generales de la nación y podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos para que estos últimos puedan integrarse. Por ley se podrá definir el cobro cotizaciones obligatorias de salud.

La Constitución asegurará el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida.

El Estado deberá garantizar el acceso a los cuidados paliativos de todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, dedicando especial atención a grupos vulnerables y/o en riesgo social.

La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado.

Toda persona tendrá derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de su vida personal, familiar y comunitaria. El Estado podrá participar en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación e innovación de la vivienda, considerando particularmente a personas con bajos ingresos y grupos de especial protección.

El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida en caso de violencia de género y otras formas de vulneración de derechos, y garantiza la disponibilidad de suelos para que los proyectos habitacionales se ubiquen apropiadamente, en entornos libre de violencia, con accesibilidad a servicios públicos, transporte y que permitan el goce igualitario de la ciudad.

El Estado tendrá como deber primordial e ineludible asegurar a todas las personas el derecho a la educación. Esta se debe impartir bajo los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. Será de carácter no sexista y se desarrollará considerando el contexto cultural de las y los estudiantes.

La educación debe orientarse a la calidad. Su acceso será universal en todos sus niveles y obligatorio desde el nivel básico hasta el medio. Además, brindará oportunidades y apoyo adicional a quienes estén en situación de discapacidad y/o en riesgo de exclusión.

El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Estas instituciones tendrán prohibida toda forma de lucro. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas.

La propuesta de nueva Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores.

El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son socialmente necesarios e indispensables para el desarrollo del país y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado promoverá la corresponsabilidad y mecanismos para la distribución de los trabajos domésticos y de cuidados.

Toda persona tendrá derecho al trabajo y su libre elección. El Estado garantizará el trabajo decente y su protección, condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad, al descanso y al disfrute del tiempo libre.

Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, que les asegure su sustento y el de su familia. Garantizará su protección y las de organizaciones sindicales, mediante un órgano fiscalizador. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante.

Toda persona tendrá derecho a la seguridad social en base a la universalidad, solidaridad, integridad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que proteja a las personas en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades.

El Estado definirá la política de seguridad social y esta se financiará por trabajadoras, trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.

Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Se exceptúan aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y que la Constitución o la ley declaren inapropiables –como el agua o el aire–. La ley deberá determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica.

Ninguna persona puede ser privada de su propiedad. Solo la ley podrá autorizar una expropiación por causa de utilidad pública o interés general de la sociedad, la que debe ser debidamente fundada.

Ante una expropiación, el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material de bien. La persona expropiada podrá reclamar ante los tribunales sobre el monto y la modalidad de pago de la indemnización.

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