Un Chile con más democracia

¿Qué destacamos de este pilar?

La propuesta de nueva Constitución establece principios, objetivos y regulaciones bajo los cuales el Estado participará de la economía del país. Asimismo, aborda aspectos de la recaudación fiscal. En el texto se consagran principios como: responsabilidad fiscal, equidad territorial y el desarrollo armónico con la naturaleza. El Estado asumirá un rol más activo, además de regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas. En este pilar también se define el rol del Banco Central y los derechos de los consumidores.

Normas destacadas

Órgano autónomo de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. Le corresponderá contribuir al bienestar de la población, velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para ello, deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y patrimonio natural.

Las finanzas del Estado deben ser conducidas de forma que sean sostenibles en el tiempo y en base al principio de responsabilidad. Esto aplica para todas las instituciones estatales.

Las comunas, por medio de sus municipios, con autorización de una ley, podrán crear empresas o participar en ellas, sean públicas o privadas, con la finalidad de cumplir su función de proveer a la ciudadanía una buena calidad de vida por medio de bienes y servicios indispensables.

El Estado y las entidades territoriales –regiones, comunas, territorios especiales y territorios indígenas– deben contribuir a la corrección de las desigualdades que existan entre ellas. Para esto, la ley deberá definir fondos para compensar a las entidades territoriales con menor recaudación fiscal.

El Estado reconoce y apoya la agricultura campesina e indígena, la recolección y la pesca artesanal, como actividades fundamentales de la producción de alimentos.

El Estado tendrá el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, independiente de la propiedad sobre los terrenos en que se encuentren situados. La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.

El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad.

El Estado deberá prevenir y sancionar los abusos en los mercados.

Se entenderán como conductas contrarias al interés social las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, siendo deber del Estado prevenir y sancionar los abusos en los mercados.

El Estado protegerá los derechos a la libre elección, a la información veraz, a la no discriminación, a la seguridad, a la protección de la salud y el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para el consumo responsable.

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